El Gobierno argentino expropia el 51% de  YPF

En medio de una salva de aplausos y de himnos patrióticos, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner anunció el envío al Congreso de un proyecto de ley para "salvaguardar la soberanía hidrocarburífera de Argentina". El proyecto contempla como medida central la expropiación del 51% de las acciones de YPF, que está en manos del grupo argentino Eskenazi y de la empresa española Repsol.
A través de un anuncio retransmitido por la cadena nacional, Cristina Fernández anunció la expropiación. El proyecto de ley por el que se hará efectiva contempla que el 51% de esas acciones expropiadas (el 26,01% del total) irá a manos del Estado nacional y el 49% (el 24,99% del total) a las provincias con producción petrolera, que integran la Organización Federal de Estados Productores de Hidrocarburos (OFHEPI).
El Tribunal de Tasación argentino decidirá cuánto hay que pagar por la compañía. El texto legal -de 19 artículos, con 50 páginas de "fundamentos claros y precisos"-, recoge que faculta al poder Ejecutivo y al interventor del Estado en la empresa a "adoptar todas las acciones y recaudos necesarios hasta que asuma el control de YPF S.A a efectos de garantizar el abastecimiento de hidrocarburos".
El proyecto de ley incluirá además una declaración "de interés público nacional" a los hidrocarburos del territorio argentino así como el "cambio de la totalidad de directores" de la compañía, aunque pretende garantizar la "continuidad operativa".
La iniciativa, denominada 'Soberanía hidrocarburífera de la República Argentina', sostiene que "el objetivo prioritario es el logro del autoabastecimiento de hidrocarburos". El proyecto entra hoy mismo en el Congreso y tendrá que votarse durante las próximas semanas.
La presidenta hizo el anuncio en la Casa Rosada y estuvo acompañada por el vicepresidente, Amado Boudou; el jefe de gabinete, Juan Manual Abal Medina; el ministro del Interior, Florencio Randazzo; y el titular de la cámara de Diputados, Julián Domínguez. Pero para llevar a cabo el proyecto designó al ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y al viceministro de economía, Axel Kicillof.

Falta de inversión

Una de las excusas del Gobierno argentino para tomar esta decisión es que la petrolera no ha hecho las inversiones necesarias, algo que lleva meses recriminándole. Para remarcar esto, la presidenta ha declarado que "la curva de desinversión de YPF Repsol se parece a la trompa del elefante", en clara alusión al accidente sufrido por el Rey de España.
"Tengamos en claro que las empresa que están aquí son empresas argentinas, aún cuando tengan accionistas extranjeros y no nos molestan las rentabilidades y si no que se fijen en la rentabilidad de algunas de origen español", ha apuntado en su intervención.
Argentina "es el único país latinoamericano, y diría del mundo, que no maneja sus recursos naturales", ha señalado al presentar una serie de cuadros estadísticos sobre la evolución de YPF desde 1999, cuando se produjo el ingreso de Repsol como principal accionista de la compañía, hasta el año pasado.
Dijo que "después de 17 años, la política que se implementó desde que se desnacionalizó (YPF) por primera vez nos convirtió en importadores netos de gas y crudo, con déficit de 3.029 millones de dólares" en la balanza del comercio de combustibles.
En este sentido, ha subrayado que el año pasado Argentina importó combustibles por unos 10.397 millones de dólares, "cifra que casi iguala" al superávit comercial del país, que el año pasado "fue de unos 10.477 millones".
Según la mandataria, YPF invertió 8.813 millones de dólares entre 1999 y 2011, lapso en el que obtuvo ganancias netas por 16.450 millones de dólares, de los cuales repartió 13.246 millones entre sus accionistas.
Se equivocan los que sostienen que los empresarios españoles desembarcaron en Latinoamérica enarbolando la mentalidad de los antiguos conquistadores. Muchos de ellos, de manera consciente, optaron por la estrategia del "funcionario virreinal" construyendo relaciones directas con los mandatarios de turno, los auténticos detentadores de la "presidencia imperial".
Así se estableció una tecnocracia de negociantes (fenicia en algunos aspectos) que buscó sobre todos los medios mantener una estrecha relación con los presidentes latinos, olvidando que el poder no tiene memoria y que bajo el 'ethos' populista, los caudillos suelen inclinarse por la ingratitud.
Este decoratismo virreinal (creer que si tienes acceso al presidente nada te pasará en el país) siempre ha sido una estrategia miope y cortoplacista. El pueblo, las masas y la sociedad civil, responden a incentivos sumamente complejos y no siempre acordes con los de la clase política.
De cierta manera, la crisis que el Gobierno autocrático de Cristina Fernández de Kirchner ha desatado es la crónica de un desastre anunciado. Pactar con sultanatos hereditarios implica un riesgo. Creer que es posible domesticar un Estado interventor adherido al socialismo del siglo XXI es un error de cálculo que, tarde o temprano, genera un balance negativo.
Hoy todos denunciamos, y con razón, la prepotencia del 'kirchnerismo', la violación del Estado de Derecho y la instrumentalización de las inversiones por móviles partidistas. Sin embargo, hemos contemporizado con el socialismo del siglo XXI durante mucho tiempo, disfrazando nuestros afanes comerciales bajo ropajes claudicantes.
Me viene a la mente, por ejemplo, un episodio concreto, breve pero significativo. Hace un par de años, Hugo Chávez visitó Madrid y Antonio Brufau, el funcionario de REPSOL al que Cristina Kirchner -la Reina del Sur- hoy se niega a recibir, acompañó, solícito, al destructor de la democracia venezolana en su visita por una librería de la Gran Vía, todo para salvaguardar los intereses del negocio. Como es obvio, algunas muestras excesivas de empatía son interpretadas por los caudillos latinos como signos de pusilanimidad.
A estas alturas, es obvio que el socialismo del siglo XXI sólo comprende y respeta el viejo idioma del poder. Argentina está gobernada por una presidenta que interpreta el sistema político en clave monárquica. La dinastía Kirchner, en este escenario, pugna por consolidarse.
El peronismo es ducho en apelar a la mística nacionalista para conseguir sus objetivos y ampliar la coalición de respaldo. Además, existe una cultura política que favorece la existencia del Estado expropiador. Una cultura compartida por sectores de la población acostumbrados al asistencialismo y por una clase política que considera legítimo exacerbar la función social de la propiedad hasta desvirtuarla completamente.
Si bien Octavio Paz habló del "ogro filantrópico" para describir las estructuras estatales que alimentan el populismo con recursos públicos, también es posible resaltar la existencia de un "monstruo interventor", una especie de "Leviatán confiscatorio". Se trata, pues, de los dos rostros del Jano estatal latino.
Esta doble dimensión filantrópica-confiscatoria caracteriza al Estado kirchnerista. En un sistema así la legalidad se considera, como afirmaba Lenin, un mero "fetichismo burgués", un obstáculo para la política inmediata. Y al peronismo lo que le interesa es la política del día a día.
Ante este desorden provocado por el caos del populismo, urge emplear con firmeza todos los recursos de la diplomacia y toda la fuerza de la ley si queremos evitar este matricidio urdido en la Patagonia. "Law is the sister of freedom" sostuvo en 1911 el gran historiador del Derecho Sir Frederic Pollock, durante un ciclo de conferencias sobre el genio del 'common law' en la Columbia University de Nueva York. Sin Derecho, sin seguridad jurídica, no hay libertad. Y eso es lo que está sucediendo en Argentina, gracias al kirchnerismo.